«El aborto no puede ser financiado con dinero público, diga lo que diga la ley sobre su carácter delictivo o no», asegura su delegado en el archipiélago, Agustín Buades. El Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) ha hecho público, por medio de un comunicado remitido a Noticias HO, que ha logrado que el Gobierno de las Islas Baleares no financie a centros abortistas privados y, por el contrario, dedique los recursos disponibles a políticas de apoyo a las mujeres embarazadas para ayudarlas a ejercer su derecho a ser madres. Durante el presente año 2011, los abortorios de las Islas han recibido de las arcas públicas 540.000 euros y en 2010 obtuvieron 180.000, según datos facilitados por el IPFB. «No es comprensible que se recorten las pensiones, los gastos para educación y los presupuestos para sanidad y se mantenga la subvención pública a las empresas del negocio del aborto», manifiesta la entidad profamilia. HO.