Las líneas generales de la nueva ley sobre interrupción del embarazo que anunció Ruiz-Gallardón aquí en LA RAZÓN podrían ser la ocasión de establecer un consenso sobre un asunto particularmente delicado. Decir esto parecerá un despropósito, pero esto refleja antes que nada la polarización que creó el anterior gobierno socialista. Ese consenso existía y lo estableció la sentencia de 1985, del Tribunal Constitucional, que el ministro de Justicia recordó en su exposición. El consenso sólo se rompió cuando el Gobierno decidió promulgar una nueva legislación en 2010. Como el PSOE sabía entonces y sabe ahora mismo, esa legislación es inaceptable para los votantes del Partido Popular y para una parte muy importante de la sociedad española. El ejercicio de extremismo del PSOE no ha servido, políticamente, para nada. La Razón.