El Gobierno, afirmó, debe dejar “de financiar con dinero público el negocio privado del aborto y destine al menos un décima parte de los más de 50 millones de euros al año a proteger la familia y la maternidad».García-Vélez también pidió que esta reforma anunciada por el Gobierno incluya «la protección a la mujer embarazada y a la maternidad y se garantice el derecho de recibir la información completa y veraz que tiene la mujer ante un embarazo imprevisto o con dificultades».