Según reiterados anuncios de la Moncloa, el Ejecutivo aprobará un proyecto de ley sobre el aborto que sustituirá a la norma de 2010 que estableció el sistema de plazos y lo permitió sin permiso paterno a las menores de 16 años. El Gabinete de Rajoy, según ha reiterado el ministro de Justicia, desea volver a un modelo sobre el aborto similar al de la ley de 1983, es decir, la despenalización en determinados supuestos, proscribiendo el sistema de plazos. Trata (ya veremos) de cumplir con una de sus promesas electorales, clarísimamente formulada en su programa. Resulta del todo incomprensible, sin embargo, que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado todavía sobre ambas cuestiones. Si lo hubiese hecho, en este momento tanto la apuesta independentista de Cataluña como la cuestión del aborto estarían más claras, infinitamente más definidas y resultarían menos discutibles desde el punto de vista de su legalidad.
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Nos acordamos de la felonía de rechazar la suspensión de la aplicación de la Ley Aído mientras sancionaran los recursos de inconstitucionalidad presentados. Estos «doce cascabeles» del pollino progresista nos están costando vidas. ¡Qué poca conciencia! Pero a mi no me vais a quitar la alegría. ¡Va por vosotros, majaderos!