El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, sacó el pasado lunes 9 de septiembre a información pública el proyecto de decreto con el que se creará un registro de sanitarios objetores de conciencia al aborto.

El objeto de dicho decreto, según consta en el borrador, es «crear y regular el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia directamente implicados en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo» y «establecer el procedimiento de declaración de objeción de conciencia» de los mismos.

En el documento se recuerda, además, que la puesta en marcha de este registro de objetores al aborto es consecuencia de la reforma de la ley del aborto aprobada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2023, que así lo exigía. Pese a haber pasado ya un año y medio desde entonces, solo cinco comunidades autónomas (La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias) han activado este censo. Algo que también hará en breve Castilla-La Mancha.

Según los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Sanidad, referentes al año 2022, en Castilla-La Mancha la cifra de abortos fue de 3.294. Solo dos de ellas se llevaron a cabo en centros públicos, 891 en privados y el resto se produjeron de forma extrahospitalaria.

Y es que las mujeres que deciden voluntariamente someterse a este procedimiento cuando no existe riego para ellas o para el feto solo pueden llevarlo a cabo sin coste en dos clínicas privadas que tienen concierto con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), una de ellas en Albacete capital y otra en Miguelturra (Ciudad Real). ElEspañol

«Estamos ante un intento más de instaurar un sistema de control propio de regímenes totalitarios«, ha advertido el parlamentario de Vox (Ivan Sanchez), que ha insistido en que «no se puede permitir que, en lugar de defender a los médicos, la Junta los obligue a declarar públicamente su postura sobre un tema tan personal y delicado como este» y no es más que una herramienta de control del Gobierno socialista de Emiliano García-Page para perseguir a aquellos médicos que se niegan a participar en abortos» y «supone una violación del derecho fundamental a la objeción de conciencia»