Tras casi una década de litigios, el estado de California ha cerrado el proceso judicial contra los activistas provida David Daleiden(izquierda) y Sandra Merritt (abajo izquierda), acusados de grabar y difundir en secreto vídeos en los que se revelaba la compraventa de tejidos fetales por parte de Planned Parenthood y otros proveedores de servicios de aborto en Estados Unidos. Los cargos derivaban de la publicación, en 2015, de una serie de vídeos encubiertos en los que directivos de Planned Parenthood y otras organizaciones hablaban sobre la obtención y el uso de restos fetales, lo que generó un escándalo a nivel nacional. Planned Parenthood negó las acusaciones, argumentando que los vídeos estaban editados de manera engañosa y que las conversaciones grabadas se referían a la donación legal de tejidos para la investigación médica. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía General de California establece que Daleiden y Merritt presentarán una declaración de «no contest», lo que implica que no disputarán los cargos, pero sin que ello signifique una admisión de culpabilidad. Según los términos pactados, en un plazo de entre seis y doce meses, la declaración se convertirá en un «no culpable», lo que permitirá a ambos activistas limpiar sus antecedentes penales.

Para Daleiden, fundador del Centro para el Progreso Médico (CMP, por sus siglas en inglés), la resolución del caso supone «una gran victoria» para el periodismo de investigación y la transparencia en torno a las prácticas de la industria del aborto. «No debería haber sido procesado por exponer lo que ocurre dentro de estas organizaciones», declaró. Por su parte, la defensa de Sandra Merritt, representada por la organización legal Liberty Counsel, calificó el desenlace del caso como un triunfo para la Primera Enmienda. Mat Staver, fundador de Liberty Counsel, afirmó: «Sandra Merritt no hizo nada malo. Su única intención era sacar a la luz la verdad sobre lo que ocurre con los restos fetales en esta industria».

En 2017, la entonces fiscal general de California, Kamala Harris(a la izquierda), ordenó un registro en la vivienda de Daleiden, incautando ordenadores y documentos relacionados con su investigación. Posteriormente, su sucesor, Xavier Becerra, presentó 15 cargos contra ambos activistas por grabaciones ilegales, amparándose en la ley estatal de privacidad.

Daleiden y Merritt también fueron objeto de una demanda civil presentada por Planned Parenthood, que en 2019 resultó en una sentencia que los obligaba a pagar 2,4 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. La organización argumentó que las grabaciones encubiertas violaban acuerdos de confidencialidad y ponían en riesgo la seguridad de su personal. A lo largo del proceso, la defensa de los activistas insistió en que sus grabaciones tenían fines periodísticos y de interés público, comparando su trabajo con el de otros reporteros de investigación que han recurrido a métodos similares para destapar irregularidades en distintas industrias. REL,Infocatolica, agencias.