Trabajo de investigación de las irregularidades de los abortorios en España. Ahora está en manos de la guardia civil.

LaRazón. Belén V. ConqueroA lo largo de 2012 se realizaron en España 112.390 interrupciones voluntarias del embarazo, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. El mayor número de abortos se practica en clínicas privadas. A éstas llegan mujeres con su tarjeta de la Seguridad Social para poner fin a su embarazo, la mayoría con edades entre 20 y 34 años. LA RAZÓN ha tenido acceso a una denuncia que se interpuso en junio pasado ante la Guardia Civil que a su vez ha sido remitida a la Fiscalía para que determine qué acciones deben emprenderse. La denuncia expone las posibles irregularidades que habrían cometido siete clínicas abortistas en diferentes puntos de España, en concreto en Madrid, Zaragoza, Navarra y Gerona. A lo largo de varios días, han localizado en la basura de estos centros documentos y desechos que podrían ser constitutivos de delito, tras el análisis que debe realizar el Ministerio Fiscal. A pesar de haber transcurrido cuatro meses desde que se interpuso la denuncia, la investigación de los hechos está pendiente de realizarse. Los denunciantes han aportado abundantes pruebas que reflejan que en las clínicas implicadas se han podido cometer al menos tres infracciones: presunto delito de descubrimiento profesional, vulneración de la protección de datos de las mujeres que acuden a alguno de los centros investigados e infracción de la normativa biosanitaria que determina cómo deben tratarse los residuos orgánicos.En el trabajo de investigación al que ha tenido acceso este diario y que ha culminado en una denuncia, se aportan numerosos documentos e imágenes de la presunta forma de trabajar de estas clínicas. El incumplimiento más evidente es el de la falta de protección de la identidad y de los datos personales de las mujeres que acuden a estos centros. En cinco de las clínicas denunciadas, la mayoría de ellas en Madrid, los profesionales de estos centros, como reflejan los documentos presentados ante la Guardia Civil, se deshacen de las fichas de las pacientes sin proteger su identidad. Así, en los contenedores que sacan cada noche se pueden encontrar los nombres, apellidos, semanas de gestación y hasta el teléfono móvil de las mujeres que acuden a estos centros. En un centro concreto de Madrid, con el sello oficial de la clínica, aparece el nombre completo de la joven que acude, por tercera vez –según dicha ficha–, al centro abortista. Y no sólo incluye su nombre completo, su fecha de nacimiento y número de contacto, también aparece en su nacionalidad y los antecedentes médicos y quirúrgicos de la paciente. Y entre sus desechos no sólo se han encontrado, sin triturar, estos documentos, sino que también se deshacen de las tarjetas personales de las mujeres que deben volver en diferentes días para, de acuerdo con lo que aparece en estos documentos, «una segunda dosis». En la denuncia se plantea que esta descripción hace referencia a una interrupción química del embarazo.Pero esta clínica del centro de Madrid no es la única, de acuerdo con la denuncia que incumple la protección de datos y el secreto profesional, en la basura de otra clínica de la capital se han encontrado documentos, sin triturar, en los que aparecen los nombres completos de las mujeres que han abortado y, al lado, el número de semanas de gestación. Eso sí, como determina la denuncia, el documento parece más un apunte extraoficial que un informe oficial, ya que no cuenta con ningún membrete. En otro de los documentos aportados, de otra clínica madrileña, aparecen directamente el número de expediente y las semanas –y días– de embarazo, así como la fecha en la que se realizan las intervenciones. Lo que, de acuerdo con los denunciantes, evidencia el importante volumen de negocio que tienen en esta clínica. Fuera de Madrid, concretamente en Zaragoza, también han descubierto documentos que deberían ser privados. En la información aportada para su investigación, al lado de la hora de la intervención y del número de historial aparece el nombre completo de la paciente. En este caso sí se intentó destruir el documento, rompiéndolo en dos ocasiones, aunque no como marca la ley de protección de datos, ya que es fácil completar el documento.Las clínicas abortistas también se deshacen del material utilizado en bolsas de basura comunes, sin cumplir con los reglamentos de gestión de residuos biosanitarios. Así, se pueden poner en peligro la salud pública y el medio ambiente. Entre la documentación aportada a la Guardia Civil se incluyen fotografías de lo que las siete clínicas analizadas tiran en los contenedores públicos. Mezclan residuos biosanitarios, como vías y agujas, con otros, como pueden ser las batas que se utilizan en las clínicas. Para colmo, también han aparecido colillas en un centro madrileño, donde la normativa regula como «muy grave» fumar en espacios sanitarios.Ahora está en manos de la Guardia Civil. Año tras año, la historia se repite.

 

 

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