Uruguay enfrenta una grave denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta vez interpuesta en nombre de una madre y su hija por nacer. Los hechos. En la Ciudad de Montevideo, el 9 de marzo de 2012, Jacqueline Edith Grosso Nuñes, de 46 años de edad, embarazada de veinte semanas (cinco meses), sufrió una agresión física por parte de un vecino, la cual le provocó hemorragias y contracciones en forma inmediata. A pesar de ello, al llegar la Policía al lugar de los hechos, detuvo ilegalmente a la mujer durante varias horas en el calabozo de una comisaría, junto con otros presos, persistiendo visiblemente la hemorragia. Esto habría ocurrido incluso siendo Jacqueline la víctima de la agresión, debido a una cierta amistad existente entre el agente que concurrió ante la denuncia y el agresor de la mujer. Liberada a última hora de la tarde de ese mismo día, Jacqueline acudió a un sanatorio, donde se le realizaron varios exámenes sin advertir que la hemorragia había derivado en una infección. Fue dada de alta al día siguiente, contra lo que indicaban todos los antecedentes del caso. Veinticuatro horas después, la mujer experimentó una rotura de bolsa y reingresó al sanatorio. Allí, sin contar con su consentimiento ni informarla debidamente, se le suministraron ocho pastillas de Misoprostol, todo lo cual culminó con la expulsión uterina y el inmediato fallecimiento de su hija, Victoria Jazmín, en una decisión no sólo moralmente sino también médicamente inaceptable. La lucha de Jacqueline. A partir de aquí comienza la lucha de Jacqueline por superar las secuelas personales de esta tragedia, así como por la recuperación del cadáver de su hija para sepultarlo. A pesar de que ella tiene derecho a sepultar a su hija según las creencias de la familia, sólo pudo lograrlo dos años después de iniciadas las primeras peticiones. En efecto, luego del aborto, el cuerpo de la niña fue retenido por funcionarios hospitalarios, y conservado finalmente en la Morgue de anatomía patológica de un nosocomio. Durante dos años la Justicia uruguaya adujo que los fetos de menos de 500 gramos no son personas para la legislación uruguaya, sino “desechos patológicos”, sin derecho a sepultura. Para Jacqueline y su familia, enterrar a su hija era la única forma de poder concluir humanamente el drama y superar el dolor. + en: observatoriointernacional.com
Este caso nos suena en España. Solo hace un año. Pero aquí los abortorios siempre ganan.
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