Mataron al bebe de 7 meses de gestación.

La batalla jurídica que emprendió Juan Pablo Medina, payanés de 25 años, para que fuera protegido el derecho a nacer de su hijo de 7 meses de gestación, ganó la atención de los medios de comunicación y ser tendencia en redes sociales con el aborto #SalvemosAJuanSe, pero perdió la vida de este inocente. “Los médicos de Profamilia no tienen alma, no tienen ética profesional. Para ellos es muy sencillo extraer del vientre otro bebé más en Colombia”, le había dicho el joven padre a Vicky Dávila, el 31 de enero (abre en una nueva pestaña)”>le había dicho el joven padre a Vicky Dávila, el 31 de enero, cuando todavía desconocía el destino del bebé. Una vez supo que su novia, de 22 años, se había internado “voluntariamente” en una clínica de Cali para que le practicaran la mal llamada “interrupción voluntaria del embarazo”, Juan Pablo interpuso un denuncio penal en la Fiscalía (que de nada sirvió) y una acción de tutela, pidiendo medidas provisionales de protección inmediata para su hijo. Este joven, quien está a punto de terminar sus estudios de Derecho, ha insistido una y otra vez que “Juan Sebastián” fue planeado con su pareja desde finales de 2018 y que en septiembre del 2019 se enteraron del embarazo, desde cuando comenzaron los controles prenatales con normalidad hasta finales de diciembre, momento en que perdió el contacto con su novia. Fue a inicios de enero que se enteró de que estaba hospitalizada por su supuesto “estado crítico de salud” y “malformaciones” del bebé, lo cual era falso. La EPS de la joven (Universidad del Cauca) se había negado a certificar la causal de “salud mental” para abortar.

La explicación que Juan Pablo ha dado a esta tragedia es que familiares de su pareja la estaban presionando para que abortara, especialmente su mamá, quien la habría obligado a abortar otro bebé hace 5 años. La estarían manipulando con la continuidad de sus estudios universitarios. Por eso, Juan Pablo apeló a su compromiso de hacerse cargo de Juan Sebastián como padre soltero.

Profamilia contra el juez y sus razones de “salud mental”. Aunque el juez no negaba del todo el supuesto “derecho” de abortar de la madre, teniendo en cuenta las causales de despenalización de la Corte Constitucional desde 2006, en su fallo de la tutela del 30 de enero le había dicho a Profamilia que “no resultaba posible (…) dar por cumplido el requisito establecido por la Corte Constitucional referido a la certificación médica (…)”, teniendo en cuenta que el ginecólogo “no es el idóneo para conceptuar frente a la salud mental de una persona”. Por eso, solicitó una nueva valoración a la EPS de la madre gestante antes de que se hiciera el aborto.

Y Profamilia, al parecer, ni siquiera tuvo que esperar a que la EPS cumpliera con lo ordenado por el juez, porque habría abortado a Juan Sebastián antes de dicho fallo, es decir, sin que se hubiera resuelto la tutela de fondo.

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