El aborto en El Salvador está completamente prohibido y la Constitución reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

En diálogo con ACI Prensa, Ligia De Jesús Castaldi, maestra de Leyes por la Universidad de Harvard y profesora de la Ave Maria School of Law de Estados Unidos, advirtió que “parece haber una clara tendencia a favor del aborto entre los miembros de la Corte, que previamente a ser miembros de la Corte han hecho declaraciones a favor del aborto”. La Corte IDH es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Castaldi es coautora, junto a Sara Larín, fundadora de la Fundación VIDA SV, del artículo “El caso ‘Manuela’ y ‘las 17+’ contra El Salvador: un fraude ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la comunidad internacional”.

“Manuela”, sobrenombre con el que las plataformas abortistas se refieren a María Edis Hernández de Castro, fue condenada en 2008 a 30 años de prisión por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, en El Salvador. De acuerdo a la corte salvadoreña, se comprobó que la mujer cometió el delito “de homicidio agravado, en perjuicio de su hijo recién nacido”.

De acuerdo a los jueces, “Manuela”, que murió luego en la cárcel debido a un cáncer, “sabía de su embarazo y que el mismo era producto de una infidelidad, pues, era casada; por lo que teniendo capacidad de elección entre tenerlo, cuidarlo, alimentarlo y vivir por él como naturalmente lo haría cualquier madre biológica, optó por un comportamiento contrario a la naturaleza misma y a las exigencias del ordenamiento jurídico al que estamos sometidos”.

“Así esperó dar a luz al bebé para luego deshacerse de él arrojándolo ella misma a la fosa séptica, o quizás con el auxilio de su madre”, añaden.

A pesar de las pruebas y de la sentencia condenatoria, para el Centro de Derechos Reproductivos (Center for Reproductives Rights), organismo internacional con sede en Nueva York (Estados Unidos) que busca la legalización del aborto en El Salvador, “la hostilidad de El Salvador hacia el aborto llevó al injusto encarcelamiento de Manuela y eventualmente, le costó la vida”. Para el Centro de Derechos Reproductivos, la muerte del bebé de “Manuela” -por asfixia al respirar heces y sangrar por el ombligo- se debió a “una complicación obstétrica al dar a luz durante su tercer trimestre de embarazo”.

La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que también depende de la OEA, presentó el caso “Manuela” a la Corte IDH en julio de 2019 exigiendo, entre otras cosas, que El Salvador establezca un protocolo para “casos relacionados con emergencias obstétricas o abortos que cumpla con los estándares internacionales y que contemple detalladamente los supuestos de excepción”. El caso “Manuela” se encuentra actualmente en la etapa de excepciones preliminares ante la Corte IDH, a espera de que El Salvador se defienda. La siguiente fase sería en la que se presentarían los argumentos de fondo y los hechos del caso. El caso “Manuela” es una de las campañas desplegadas por organizaciones nacionales e internacionales por presionar a El Salvador para legalizar el aborto. Otros casos mediáticos usados en ese país son el de “Beatriz” y “Las 17”. Ligia Castaldi explicó que “posteriormente vendría una sentencia donde se admite la demanda de fondo y condena a El Salvador a pagar reparaciones a la familia de ‘Manuela’ y a legalizar el aborto en El Salvador, o, en teoría, la Corte podría negar la demanda, negar los argumentos de fondo y declarar en la sentencia que El Salvador no es responsable de una violación a la Convención Americana”. A pesar de las pruebas del caso “Manuela”, señaló Castaldi, “el principal propósito de la demanda ha sido explícitamente la promoción de la legalización del aborto en El Salvador, según lo expresado por la CIDH misma y por las ONGs peticionarias del caso ‘Manuela’: el Centro de Derechos Reproductivos, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local”. Ninguna mujer está condenada por aborto en El Salvador. Aciprensa