Sánchez cuela ayudas al aborto dentro del plan para atender a los refugiados ucranianos

(El Debate) El Ejecutivo de Pedro Sánchez facilitará el acceso al aborto a las mujeres ucranianas que se hayan visto obligadas a refugiarse en España tras la invasión de Rusia. El Gobierno ha incluido esta medida, de rondón, dentro del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania que el Consejo de Ministros alumbró el pasado 29 de marzo.

(Mamá, elige que viva)

Ese día, la coalición gubernamental del PSOE y Unidas Podemos aprobó un real decreto ley con medidas urgentes para hacer un torniquete a la economía española –como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante– que deberá ser convalidado por el Congreso en mayo.

Pero, en paralelo, también dio luz verde a una serie de medidas de carácter no normativo (y que por tanto no necesitan el aval del Parlamento) pensadas para atender las necesidades de los refugiados, especialmente de las mujeres, niños y colectivos vulnerables.

Entre ellas, el Ejecutivo ha incorporado la elaboración y traducción al ucraniano de guías sobre el aborto, en las que además detallará las clínicas a las que acudir. Aparece enmascarada con el pretexto genérico de «hacer frente a las necesidades derivadas de la acogida de personas ucranianas desplazadas en nuestro país, con especial atención a las mujeres y los colectivos más vulnerables, en tanto que principales víctimas potenciales del tráfico de personas y de otras formas de violencia y discriminación, así como en los ámbitos educativo y universitario».

El extracto del plan en el que figuran las ayudas al aborto
El extracto del plan en el que figuran las ayudas al aborto

Esta medida está incluida en el epígrafe Medidas para el fortalecimiento y la accesibilidad de los recursos de información y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, concretamente en estos términos: «Se elaborarán y traducirán al ucraniano guías en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos e interrupción voluntaria del embarazo, que incluirán la localización de recursos básicos».

El aborto no figura en las listas de derechos sexuales y reproductivos elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (la OMS) y las Naciones Unidas, de ahí que la orden aprobada por el Gobierno lo añada expresamente, con el eufemismo que siempre emplea: «Interrupción voluntaria del embarazo». Para la izquierda española, no obstante, el aborto es un derecho fundamental. De hecho, una de las prioridades del Ministerio de Igualdad en la nueva Ley del Aborto en la que está trabajando es eliminar el permiso paterno que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo como condición sine qua non para las menores de 16 y 17 años.

La nueva Ley del Aborto

El departamento de Irene Montero lo explica así en la exposición de motivos de la consulta pública que abrió previa a la redacción del proyecto de ley (que aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros): «En materia de interrupción voluntaria del embarazo, la derogación de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre (la del PP), para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, es prioritaria para garantizar el acceso a la IVE (la interrupción voluntaria del embarazo) de todas las mujeres».

Y continúa: «Esto, junto al impulso de medidas que garanticen la equidad territorial, la accesibilidad, así como la eliminación de la estigmatización y el acoso, el conocimiento informado de las técnicas existentes para la IVE y de los distintos protocolos y circuitos que existen en las Comunidades Autónomas para acceder a esta prestación, son aspectos que la norma ha de abordar».

Este Jueves Santo entró en vigor la polémica reforma del Código Penal que castiga con penas de cárcel de entre tres meses y un año a los provida que hagan vigilia o repartan folletos junto a las clínicas abortivas. Según los socialistas coaccionan a las mujeres que quieren ejercer su derecho.

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