«El derecho a la vida es el que origina todos los demás y por eso es el que debemos proteger con mayor énfasis. Los niños por nacer no tienen una voz. Legislar es, sobre todo, alzar la voz de los que no pueden ser escuchados«, señaló Mestre en declaraciones a Télam. El diputado por Córdoba Ramón Javier Mestre es un abogado y político argentino perteneciente a la Unión Cívica Radical. En su discurso añadió «el camino hacia delante es intensificar los esfuerzos para una educación sexual que deje de ser tratada como un tabú y haga hincapié, desde temprano, en la importancia del planeamiento familiar, en las herramientas para lograrlo, y, llegado el caso de un embarazo no deseado, plantear la mayor cantidad de alternativas para sostener el derecho a la vida». El legislador reiteró además que su propuesta busca «permitir la adopción desde el vientre materno mediante una modificación en el Código Civil, al sostener que «existen mujeres embarazadas que no se sienten en condiciones de ser madres y toman una decisión terminante con el niño por nacer».  «De modo que estaríamos regulando un camino adicional para garantizar el derecho a nacer y crecer en un hogar en el que será bienvenido», enfatizó.  Mestre indicó además que la norma crea «una nueva alternativa para que aquellas mujeres embarazadas que no se encuentran en condiciones materiales o psicológicas para ser madres, puedan ampararse en la ley para asegurarle un destino propicio a esa persona por nacer».  «A la vez, esta norma innovadora puede cumplir el sueño de ser padres a miles de argentinos que quieren adoptar», enfatizó. En los fundamentos del proyecto, Mestre sostuvo que «los legisladores debemos llenar los vacíos legales y muchas veces los magistrados indican con sus fallos los cursos a seguir antes ciertas problemáticas de la sociedad. Esta norma se plantea con la convicción de defender el derecho a la vida». En 2018 y en el marco del debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, Mestre había asegurado: «Si permitimos que el aborto se legalice, admitimos que no existe la seguridad jurídica del derecho a nacer». El Litoral