El día 1 de diciembre, tuvo lugar en el Tribunal Supremo una vista oral, preliminar, sobre una ley del estado de Misisipí que prohíbe el aborto a partir de la semana 15 del embarazo. Ley que, como es lógico, sólo es aplicable en el territorio de este estado. Resulta relevante recordar que en la mayoría de los países europeos el plazo para abortar es más corto que el ahora propuesto por Misisipí. Por ejemplo, en España ha sido de 14 semanas y en Francia es de sólo 12 semanas. Lo anterior significa que la ley de aquel Estado no es nada radical y, a pesar de ello, está siendo demonizada por el Partido Demócrata, que en estos últimos años se ha “echado al monte”, del extremismo izquierdista.

Desde la sentencia Roe vs. Wade, del Tribunal Supremo, de 1973 (hace casi 50 años), el plazo para poder efectuar un aborto legalmente está fijado en unas 24 semanas, esto es, cuando el feto adquiere “viabilidad” para una vida independiente. Plazo que está siendo aplicado en todo el país. Esto es, ningún estado puede acortar dicho plazo.

La finalización de este proceso –cuya vista oral se produjo ayer- y la adopción de la sentencia por el Tribunal Supremo tendrá lugar, probablemente, en torno al mes de junio de 2022.

Ahora bien, la vista oral de ayer permitió vislumbrar la postura ante este caso de los diversos magistrados del Alto Tribunal, en base a cómo intervinieron para formular preguntas a las dos partes: esto es, al estado de Misisipí y a una clínica abortista del estado (Jackson Women’s Health Organization) que ha recurrido la ley estatal.

La trascendencia del caso sobre la ley en contra del aborto de Misisipí que está estudiando el Supremo, es que sólo podría ser convalidada dicha ley estatal mediante la anulación de la sentencia de 1973, ya que ésta fijó el largo plazo de unas 24 semanas, mientras que el Estado de Misisipí dispone que el aborto únicamente pueda tener lugar durante las primeras 15 semanas del embarazo.

Como veremos a continuación, por las preguntas que hicieron cinco (de los 6) magistrados conservadores puede intuirse que están dispuestos a dar ese decisivo paso de revocar la sentencia Roe vs Wade, lo que constituiría una victoria histórica para el conservadurismo estadounidense y, de paso, para el conservadurismo internacional.

El sexto magistrado conservador, que parece predispuesto a proponer una sentencia conciliatoria –que no revocara la de 1973, sino sólo la modificara- es precisamente el presidente del Alto Tribunal, John Roberts. Esta posición centrista que, una vez más, está adoptando Roberts no parece que haya convencido a los otros cinco magistrados conservadores que parecen dispuestos a “tirar para adelante” con o sin el respaldo de Roberts.

Si se revocara la sentencia Roe vs Wade, se produciría un mosaico de legislaciones de los estados

A menudo, en España no se hila suficientemente fino en este asunto y se da por supuesto que si dicha sentencia de 1973 fuera anulada ahora por el Supremo, la práctica del aborto quedaría automáticamente prohibida en todo EE.UU. Pero eso no es así. “La realidad es que si Roe vs Wade fuese revocada por el Supremo … la potestad legislativa en este tema se trasladaría a cada uno de los Estados, a menos que el Congreso federal [en Washington, DC] se pusiera de acuerdo en una legislación nacional, lo que parece sumamente improbable”. A Orillas del Potomac